Mi amigo Javier, con numerosas amistades en Madrid, me ha mandado una interesante presentación que tiene el objetivo de difundir un supuesto boicot a la compra de productos catalanes. Me ha pedido que escriba una réplica para tratar de invertir la cadena y dar, al menos, un segundo punto de vista a todos aquellos que ya han recibido el primero.
La
presentación tiene la tesis que con la aplicación del "Estatut" de Cataluña en materia de financiación, la compra de productos de empresas con sede en Cataluña va a hacer que el IVA de los mismos vaya íntegramente a las arcas de la Generalitat.
En el siguiente post intento explicar que ocurre exactamente con el IVA y expongo la injusticia del sistema de financiación catalán.
A. Qué es el IVA?El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto sobre el consumo. Su objetivo es gravar el valor añadido por cada empresa o profesional en el proceso de producción y venta. Es un impuesto general, es decir, se exige en cada fase del proceso productivo, y no se acumula en las sucesivas etapas de producción. Esto es posible porqué el vendedor recibe el impuesto en representación del Estado al que posteriormente tendrá que pagar. Sin embargo, el vendedor habrá comprado otros bienes o servicios para producir el producto vendido y habrá pagado su correspondiente IVA. Entonces, éste podrá deducir la cantidad de IVA ya pagada de la que tiene que dar al Estado.
Ejemplo: un coche SEAT vendido en Galicia.
Por simplicidad vamos a suponer un IVA del 10% en todo el espacio económico de la UE.
1. Una empresa polaca extrae de las minas de las montañas del Tatras el hierro necesario para construir un coche. Esta empresa quiere ganar 100 € por unidad de acero, así que acaba vendiendo el producto a 110€ (recordemos el 10% de IVA).
El gobierno polaco recauda 10 € en concepto de IVA.
2. Una empresa alemana especialista en la fabricación de recambios de coches compra el acero de la empresa polaca por 110€. Con él construye piezas de automóvil que quiere vender por 150 €. Considerando el IVA, 165€.
Cuando se vendan las piezas, la empresa alemana va recaudar 15 € correspondientes al IVA que tendría que abonar al estado. Sin embargo, la empresa puede deducir la parte de IVA que ya ha pagado por los bienes y servicios necesarios para realizar el producto que vende, con lo que finalmente sólo va a transferir 5€ al gobierno alemán (15 - 10).
3. La fábrica de SEAT en Martorell compra a la empresa alemana dichas piezas para construir un automóvil. SEAT quiere sacar 200€ por el automóvil, así que teniendo en cuenta un IVA del 10% fija el precio a 220€.
El IVA que va a pagar SEAT al gobierno español van a ser los 20€ totales menos los 15€ que puede deducir, es decir, 5€.
4. Un distribuidor con sede en Madrid compra el automóvil producido en Martorell por 220€ y lo revende a un concesionario establecido en Santiago de Compostela por 240 €, 264 € IVA incluido.
El gobierno español recauda 4€ (24-20).
5. El concesionario de Santiago vende el coche a un particular por un precio total de 308€. El comprador ha pagado 280€ en concepto del coche y 28€ en concepto de IVA. El gobierno español recauda 4€ (28-24).
Así, vemos que los 28€ de IVA que ha pagado el consumidor se han repartido entre cada una de las fases de producción (10+5+5+4+4) de forma proporcional al
valor que cada una de estas fases ha
añadido al producto (de ahí el nombre del
impuesto).
B. La trasferencia del IVA según el "Estatut" de Cataluña.En España, el IVA, como tantos otros impuestos (IRPF, impuesto de sociedades, etc.), es recaudado por el gobierno central (esceptuando las comunidades forales: País Vasco y Navarra). Una vez se ha efectuado la recaudación, éste reparte el porcentaje pactado en las correspondientes leyes de la financiación de las CCAA.
Actualmente y en el caso del IVA este porcentaje es del 35% para la mayoría (sino todas) las comunidades. Es decir, que el 35% del IVA recaudado en Cataluña sirve para financiar la Generalitat, el 35% del IVA recaudado en Madrid sirve para financiar el gobierno de la comunidad, etc.
El nuevo y vigente "
Estatut" de autonomía de Catalunya establece que ese porcentaje debe aumentar del 35% actual hasta el 50%. Este aumento se va a producir con la aplicación de la nueva LOFCA, una ley que todavía se está negociando y no va a ser aprobada hasta la primavera de 2009. Así, podemos leer en la disposición adicional décima del "Estatut:
"
El primer Proyecto de Ley de cesión de impuestos que se apruebe a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto contendrá, en aplicación de la Disposición Adicional Séptima, un porcentaje de cesión del 50 por ciento del rendimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido. La atribución a la Comunidad Autónoma de Cataluña se determina en función del consumo en el territorio de dicha Comunidad."
O sea, que ni la transferencia del IVA es del 100%, ni el 100% del IVA de un producto que se vende fuera de Cataluña iría para Cataluña aunque eso fuese así. En el ejemplo anterior, pasaría a ser gestionado por la Generalitat el porcentaje que corresponda a los 5€ recaudados de IVA en Cataluña, y ni un euro de los recaudados en Polonia, Alemania, Madrid o Galicía.
Nadie puede quitar la legitimidad a nadie de hacer boicot a una marca comercial dada, o a los productos de un territorio particular. Ni tan solo tienen que porqué justificarse. Si alguien quiere hacer boicot, que lo haga. Lo que no me parece correcto es contar mentiras y practicar la demagogia contra un col·lectivo, el de los catalanes y las catalanas, que si algo ha demostrado en la historia reciente es su solidaridad.
Nadie pone en duda que todo proyecto político común tiene asociado también cuotas de solidaridad entre las partes que lo forman. Así sucede en Alemania o con los fondos de cohesión de la Unión Europea. La pregunta crucial es cuanta solidaridad y de qué modo.
Si miramos los estados federales del mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania o Australia) vemos que los territorios ricos de estos estados tienen un déficit de entre el 2 y el 3% del PIB. Esto significa que la diferencia entre los impuestos que pagan y las inversiones del estado que reciben (infrastructuras, servicios, etc.) representan el 2 o el 3% de su riqueza total.
En España, según el Ministerio de Economía (ver publicación de las balanzas fiscales), este déficit asciende hasta el 14% para las Islas Baleares y el 9% para Cataluña.
Quien paga las consecuencias de este déficit son las clases medias y bajas de la sociedad catalana. Las clases altas pueden ir a escuelas privadas, mutuas, usan las autopistas de peaje, etc. Son los servicios públicos catalanes los que están trabajando cada vez más al límite. Esto crea un agravio comparativo entre servicios que reciben distintas comunidades. Mientras la Junta de Andalucía propone regalar medicamentos a los bebés de cero años y pagar las operaciones de cambio de sexo, la Generalitat tiene que aumentar un céntimo los impuestos sobre los carburantes para intentar que los servicios sanitarios no colapsen.
Esta situación límite es la que ha empujado a los políticos y sociedad catalanes a buscar un nuevo sistema de financiación más justo. Se puede estar o no de acuerdo, pero por qué esa deslegitimación y ese desprestigio constantes?
